Derechos de las personas con discapacidad
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
Las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan de una protección singularizada en el ejercicio de los derechos humanos y libertades básicas, debido a las necesidades específicas derivadas de su situación de discapacidad y de pervivencia de barreras que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas.
La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
reconoce a las personas con discapacidad como titulares de una serie de derechos y a los poderes públicos como los garantes del ejercicio real y efectivo de esos derechos, de acuerdo con lo previsto en la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad. Y establece el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
reconoce a las personas con discapacidad como titulares de una serie de derechos y a los poderes públicos como los garantes del ejercicio real y efectivo de esos derechos, de acuerdo con lo previsto en la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad. Y establece el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Esta ley refunde, aclara y armoniza en un único texto, las principales leyes en materia de discapacidad: la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad (LISMI), la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Esta tarea de refundición ha tenido como referente principal la mencionada Convención Internacional.
La norma recoge una serie de definiciones, incluidas las de discriminación directa, indirecta, por asociación y acoso, y refuerza la consideración especial de discriminación múltiple.Y se rige por los principios de respeto a la dignidad, a la vida independiente, igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal, diseño para todas las personas, diálogo civil y transversalidad de las políticas. Se reconoce expresamente que el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se realiza de acuerdo con el principio de libertad en la toma de decisiones, y se protege de manera singular a las niñas, los niños y las mujeres con algún tipo de discapacidad.
Los ámbitos en que se aplica esta Ley son los de telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes, bienes y servicios a disposición del público y relaciones con las Administraciones públicas, administración de justicia, patrimonio cultural y empleo. Cada uno de estos ámbitos se trata en las normas de desarrollo de la Ley, en la que se señala la obligación de que todos los entornos, productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las personas gradual y progresivamente. Para ello determina unos plazos y calendarios en la realización de las adaptaciones necesarias.
Incluye un título dedicado a los derechos de las personas con discapacidad, que llevará su protección a todos los ámbitos, desde la protección de la salud, a la atención integral, incluida la educación y el empleo, la protección social, hasta la vida independiente y la participación en asuntos públicos.
Derecho a la educación:
Respecto del derecho a la educación, se asegura un sistema educativo inclusivo, prestando atención a la diversidad de necesidades educativas del alumnado con discapacidad, mediante la regulación de los apoyos y ajustes correspondientes.
Las conceptualizaciones sobre la discapacidad que se han desarrollado en el mundo
resultan de construcciones sociales, culturales y científicas; de ahí que varíen según el
contexto socio-histórico y a lo largo del tiempo.
Estas conceptualizaciones son interpretadas como modelos que implican valoraciones,
actitudes, pensamientos y prácticas hacia las personas con discapacidades, y de ellas se
desprenden políticas sociales, económicas y educativas dirigidas a este colectivo diverso
y complejo.
Diferentes autores (OMS, 2001; Pfeiffer, 2002; Oliver, 2002; Verdugo Alonso, 2004,
Palacios y Romañach, 2006) identifican como los principales paradigmas al modelo
tradicional, el modelo médico o del déficit, los modelos sociales, el modelo bio-psicosocial
y, más recientemente, el modelo de la diversidad. Todos ellos coexisten en la
actualidad.
El modelo tradicional es el más antiguo; se fundamenta en ideas bíblicas y
supersticiosas. Puede subdividirse en el modelo eugenésico, originado en las sociedades
griega y romana de la antigüedad clásica; y el modelo de la marginación, en la edad
media. En general, la discapacidad se concibe como determinada por espíritus, brujerías
o ira divina, aquellas personas que la padecen resultan prescindentes para la sociedad,
confinándolas al aislamiento, destierro o muerte.
La solución a estos problemas se
relaciona con la aceptación de la voluntad divina o la purgación de la pena.
Las investigaciones sobre el tema permitieron configurar un nuevo modelo: el modelo del
déficit o médico, que considera a las personas con discapacidades como individuos
enfermos. Se inicia a fines de la Primera Guerra Mundial ante la necesidad de
rehabilitación de lesionados de guerra. La discapacidad se define aquí como una
deficiencia física o mental que implica restricciones para la vida diaria. La solución
consiste en la restauración de la función deteriorada o cura para acercar el “defecto” a la
“normalidad” por medio de tratamientos médicos, rehabilitación, educación especial o
terapias específicas.
A fines de la década del sesenta, se inician en Inglaterra y Estados Unidos movimientos
liderados por las propias personas con discapacidades, cuyo objetivo consiste en el
reclamo de sus derechos y reivindicaciones como sujetos integrantes de la sociedad.
Señalan las limitaciones del modelo del déficit, por reducir el sujeto a la discapacidad,
restringiendo su participación en la organización social. Así, estos movimientos, junto a
las investigaciones sociales, han dado lugar al surgimiento de diversos modelos
sociales, tales como el modelo de los derechos civiles o de la vida independiente, el de
la opresión, etc. (Pfeiffer, 2002). Sostienen que las personas con discapacidades tienen
derecho a tomar decisiones sobre tratamientos médicos y otros aspectos de sus vidas.
Destacan que las dificultades provienen básicamente de barreras psicológicas y
materiales definidas socialmente, las que generan exclusión, discriminación y prejuicios.
Los reclamos por legislación específica sobre sus derechos representan la solución en
estos modelos.
Sin embargo, algunos autores (Marks, 1997; Barton, 1998; Oliver, 2002) han señalado
que estos modelos sociales también pueden generar otro tipo de reduccionismo, en este
caso social, diluyéndose la necesidad de atención del problema específico. Así, la
Organización Mundial de la Salud, mediante la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud–CIF (OMS, 2001), a fin de evitar
ambos reduccionismos delinea un nuevo modelo, el bio-psico-social, incorporando
visiones interdisciplinarias.
Este enfoque sustituye los términos deficiencia, discapacidad
y minusvalía –portadores de connotación negativa- por los de déficit en el
funcionamiento, limitación en la actividad y restricción en la participación. Se enfatiza la
necesidad de analizar tanto las limitaciones funcionales y de las estructuras corporales,
como las barreras (arquitectónicas, psicológicas y sociales) que restringen la actividad y
participación de las personas con discapacidades en su entorno (Verdugo Alonso, 2004).
La solución consiste en considerar que mejorar la calidad de vida de estas personas es
un asunto de todos, contemplando la defensa de sus derechos, su propia identidad y
autodeterminación, en una sociedad inclusiva y solidaria. Se considera necesaria la
colaboración de profesionales, académicos e instituciones involucradas, profundizando la
formación e investigación en este campo.
Más recientemente, miembros del Foro de la Vida Independiente (Romañach y Lobato,
2005) proponen una nueva consideración y denominación de la discapacidad: diversidad
funcional, buscando erradicar así el carácter negativo de las denominaciones anteriores.
Destacan que aunque el uso de los términos déficit, limitación, barrera, restricción
desplaza el problema de la persona al entorno, mantienen una connotación
discriminatoria.
Superación personal:
Este video nos ayuda a ver la superaqciçón como una meta la cual podría ayudarnos a superar cualquier dificultad
ver la siguiente página:
En este enlace aparecen 7 historias de personas con discapacidad funcional, las cuales nos explican los problemas que han tenido a lo largo de su vida y como han ido superándolos es realmente interesante.
